Una mano lava la otra

Desde la entronización masiva de Internet de la mano de la WWW, Cataluña ha desempeñado en España el papel de una verdadera locomotora digital. No sólo mantiene la mayor densidad de conectados de todo el Estado, sino que el ciberespacio catalán se ha poblado de iniciativas cada vez más interesantes y con una evidente tendencia hacia la madurez y consolidación de sus propuestas y contenidos. Lejos quedan los primeros directorios –como la Infopista Catalana–, las páginas personales y las tímidas apariciones tipo póster de muchas empresas, o la intervención pionera de los medios de comunicación de Cataluña en el ciberespacio. Hoy contamos con un verdadero cardumen de comunidades, algunas incipientes, otras cuajadas, muchas con el centro de gravedad más desplazado todavía hacia el mundo real que el virtual y otras decididamente instaladas en éste. La imagen que se transparenta es el de un rico tapiz donde se perfilan los trazos de un emergente sector industrial basado en los dos bienes fundamentales del cambio de paradigma de este final de siglo: la adquisición, procesamiento y emisión de información y conocimiento.

Por supuesto, que el cuadro apunta a las enormes oportunidades que se abren gracias a este entramado social y económico que ha desembarcado en el ciberespacio y que, al explorarlo, al mismo tiempo lo construye y le infunde su personalidad. La pintura, sin embargo, todavía no está completa. La participación del sector público apenas ha trascendido a su participación en Internet con páginas propias. No contamos con una entidad oficial sobre la Sociedad de la Información en Cataluña (aunque de rumores al respecto hemos estado sobrados) que cumpla, entre otros, con los objetivos fijados por el documento de la OCDE Hacia una Sociedad Global de la Información, que citábamos en el editorial anterior.

En una reciente entrevista con el Consejero de la Presidencia de la Generalitat de Catalunya, Xavier Trias, me decía que «es un error que la Administración asuma el protagonismo del desarrollo de Internet, esto le compete al sector privado. Nosotros debemos propiciar y alentar su iniciativas». Trias fijó, sin explicitarlo, un programa mínimo: a) garantizar la accesibilidad del ciudadano. b) garantizar servicios a través de la Red [pensados desde la administración pública] y c) resolver el problema de interlocución con Europa. Respecto a lo que ya casi es un eslogan en boca de muchos políticos, «Hay que regular Internet», el alto cargo de la Generalitat dijo que prefería marcar un camino sin poner cortapisas. «Si se normaliza mucho, vamos para atrás», señaló. Y, añadió, la administración debe convencer a las entidades financieras para que apuesten por empresas que son el futuro del país.

A excepción del punto b), los otros puntos permanecen en el alero. Y faltan unos cuantos de los especificados en el informe de la OCDE como para que el conjunto se convierta en una política estratégica. Mientras la Red bulle de actividad, ni desde la administración catalana, ni desde el sector financiero, se avizoran (por ahora) las acciones que deberían corresponderse con este sector industrial nuevo y destinado a vertebrar la Sociedad de la Información. Curiosamente, este editorial se publica el mismo día en que el Senado español constituirá una Comisión Especial sobre Internet, la primera de su estilo en todo el Estado, propuesta por el Grupo del Partido Popular (en el gobierno) y aprobada por unanimidad por toda la cámara. Esteban González Pons, senador del PP por Valencia, promovió esta propuesta el pasado 24 de febrero. En una reciente entrevista en iWorld, el senador explicaba que los tres principios que deberían orientar a esta comisión son: 1) dar a conocer Internet al ciudadano, 2) cambiar la imagen que el ciudadano tiene de la Red debido a que los grandes medios de comunicación a veces destacan demasiado las informaciones negativas sobre el ciberespacio, y 3) que el país y las administración estén preparados para las transformaciones que se van a producir en esta revolución tecnológica que es Internet.

Para hacer este programa mínimo, las tres respuestas correspondientes al plan de partida expuesto por Esteban González serían (aunque, al menos en la entrevista, no las mencionó) 1) saber lo que hay, 2) promover lo que hay y 3) que la administración, en general, y las instancias políticas, en particular, asuman que su papel es, entre otras cosas, promover la inversión del sector privado. Este debería ser un plan común para todas las comunidades autónomas, cuya puesta en marcha es impostergable si no se quiere que, como ha sucedido en otras épocas históricas, las oportunidades actuales comiencen a sufrir de un raquitismo incurable a corto plazo.

En menos de dos años, en Cataluña hemos visto cómo el ciberespacio se ha enriquecido con una población diversa y muy activa. Han surgido comunidades virtuales que salen desde lo más profundo de la revolución industrial, como es la red ICTNet. Más de 200 profesionales han puesto en pie el Grup de Periodistes Digitals, que ahora está organizando el I Congreso Internacional de la Publicación Electrónica junto con el Col.legi de Periodistes de Catalunya, una iniciativa que ha atraído la atención de la Comisión Europea sin una respuesta equiparable por parte de las fuerzas políticas locales. VilaWeb ha crecido hasta ser un diario electrónico con más de 50 franquicias territoriales. Productos como ExtraNet! son un punto de referencia obligado para miles de internautas. Decenas de publicaciones electrónicas, que evolucionan a ojos vista, se abren a un amplio muestrario de temas y servicios informativos con una elevada competencia profesional. La comunidad de maestros surca el territorio más importante de la Sociedad de la Información, la educación, en busca de los contenidos que protejan la identidad cultural en un mundo sin fronteras. Comienzan a aparecer los centros de investigación, como el CANET de la UPC, que tendrán que desarrollar las aplicaciones que vehicularán las relaciones sociales en el ciberespacio. Fundaciones como Jaume Bofill están empeñadas en encontrar la funcionalidad de las redes en la democracia electrónica. El número de listas de debate sobre temas científicos, lingüísticos, culturales, tecnológicos o medioambientales se amplía casi cada día. Finalmente, para no alargar demasiado este apretado catálogo, más de un centenar de empresas se han encontrado en apenas unas semanas en el seno de Proditors, una asociación de productores y editores de material en formato electrónico que ha creado un nuevo e innovador espacio donde de forma natural se encuentra la demanda y la oferta.

Aunque todavía no tengamos una información precisa sobre los contornos reales de este rincón del ciberespacio –una tarea cada vez más urgente–, lo cierto es que ya muestra una entidad suficiente como para que la administración y el sector financiero (ya sea la banca, ya sean las grandes empresas) hagan acto de presencia y no meramente para suplantar o emprender algunas de las actividades que se ya llevan adelante desde otros ámbitos. Su labor debería centrarse en el facilitar y promocionar el desarrollo de la sociedad de la información, favorecer su crecimiento y propiciar que se extienda por el tejido social, no en asumir tareas rayanas en la «competencia desleal». Para ello es necesario, por supuesto, que se crean –ellos y nosotros– que todo este bullicio es real, que su proyección determinará en gran medida el tipo de sociedad que vamos a construir y que este es un camino sin retorno, aunque en los laterales hay amplias franjas donde acampar para ver lo que hacen los demás y llegar tarde como en tantas otras ocasiones..

Para aprovechar la oportunidad histórica que se nos ofrece, me parece necesario comprender que Internet, como en ninguna otra fase desde la revolución industrial, está sostenida por un ejército de empresarios nuevos y no tan nuevos, que son quienes realmente están construyendo el interior –los contenidos– de la red mundial de información. Este es un dato insólito desde que alguien le dio nombre al capitalismo. Sobre todo, porque el impulso que sostiene este entramado empresarial no ocurre, como hasta ahora, en la esfera de las cosas materiales, sino en la de los bienes intelectuales. Sin duda, esta es una de las razones que dificulta el saber exactamente qué está pasando en la Sociedad de la Información. Una empresa dedicada a vender pantalones se sabe si gana o pierde dinero según la cantidad de pantalones que vende (y, de paso, los pierde irremediablemente para tener que fabricarlos otra vez). Una empresa dedicada a vender información y conocimiento no se sabe muy bien de donde proceden sus ingresos porque vende información, formación, investigación y productos relacionados con el conocimiento que no tienen una representación económica física ni en el mundo real, ni en el virtual (y que, de paso, nunca pierde al venderlos, al revés, los incrementa con cada operación que realiza porque con ello enriquece su propio producto). Comprender esta «anomalía» de la Sociedad de la Información es el primer paso para tomarle el peso a sus necesidades peculiares.

Cuanto más se tarde en diseñar la «zona de encuentro» entre quienes hoy forjan la sociedad de la Información, la administración pública y las finanzas, más en riesgo se pone la posibilidad de avanzar hacia el necesario cambio social. El senador Esteban González expresa esta misma idea de otra manera: «Si en el siglo XIX, cuando se inventó la máquina de vapor, en España hubiéramos creado una comisión de este estilo [como la de Internet] para ponernos diez minutos a pensar sobre las aplicaciones del vapor en la industria, en la agricultura o el transporte público, y hubiéramos elaborado unas conclusiones de uso común sobre lo que era previsible que sucediera, nuestro siglo XX habría sido distinto».

Es una lección interesante. Comisiones como la del Senado y como las que ya deberían estar creando las comunidades autónomas, serán bienvenidas si promocionan, incentivan y estimulan el desarrollo de la Sociedad de la Información. Pero deben cuidarse de poner como meta lo que, en realidad, no es más que el punto de salida. Su tarea no debe ser solo alertar a la sociedad y a las instituciones que la revolución tecnológica está en marcha y que España debe ser un país pionero. Su tarea debe ser comprobar que España quizá ya lo es en varios campos en la Red (como, sin duda, sucede en Cataluña) y que deben emprenderse acciones específicas no sólo para mantener este liderazgo, sino para extenderlo, tanto por el número y la progresiva participación de los usuarios, como por el volumen de los contenidos propios que circulen por Internet.