El Gobierno en la Red

Luís Ángel Fernández Hermana - @luisangelfh
4 julio, 2017
Editorial: 111
Fecha de publicación original: 17 marzo, 1998

Nunca mucho costó poco

Según como se mire, España es el 10º país del mundo en personas conectadas a Internet o el 23º si se toma en cuenta el número de internautas en relación con la población total. Desde este último punto de vista, Cataluña salta al 12º lugar. En ambas contabilidades, por delante están los principales países industrializados encabezados por los escandinavos, Canadá y EEUU. Ahora bien, si se toma en cuenta la política informativa de cada país, sobre todo lo que Alfons Cornella denominaba la «ecuación fundamental de la Sociedad de la Información», según la cual si a la «economía de la información» (infraestructura) se le sumaba (o multiplicaba, el debate aún está abierto) la «cultura de la información» (infoestructura), se obtenía como resultado cuán cerca se estaba de la «sociedad de la información», los resultados entonces son muy diferentes. Nos encontramos en un momento en que la infoestructura privada, sostenida fundamentalmente por miles de empresas y particulares que han tomado al asalto las redes, llevan la iniciativa a pesar de dos grandes lastres que, en nuestras latitudes, son especialmente clamorosos: la ausencia de una política de información por parte de los gobiernos (con saludables y raras excepciones) y lo que podríamos llamar la «abstención financiera», es decir, la escasa participación de la banca en la dinamización de este nuevo sector industrial basado en la información y el conocimiento. Hoy le echaremos un vistazo al primer problema –la política de información– desde un punto de vista general, para centrarnos la semana que viene en Cataluña.

Mientras los gobiernos europeos, en general, siguen observando con un cierto aire sospechoso lo que sucede en Internet, la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica (OCDE), organismo que agrupa a los 29 países más industrializados, acaba de publicar el informe «Hacia una Sociedad Global de la Información» (hay versiones sólo en inglés y francés) donde propina un diplomático, pero severo, varapalo a los gobiernos. Tras demostrar con profusión de datos y análisis de tendencias la creciente importancia del sector alimentado por las tecnologías de la información, el documento (que por cierto, no incluye la dirección web de la OCDE) señala que los gobiernos deben desempeñar un importante papel como catalizadores para potenciar el uso y el desarrollo de la Sociedad de la Información. Desde este punto de vista, señala siete áreas donde deben ejercer una influencia decisiva:

– Promover la inversión del sector privado.
– Estimular el crecimiento de la nueva demanda.
– Incentivar la investigación estratégica y el desarrollo de aplicaciones y programas.
– Desarrollar programas y aplicaciones orientadas a la participación ciudadana.
– Lanzar proyectos pilotos y actividades específicas con el fin de incrementar la participación de los usuarios.
– Fomentar la creación de semilleros para la experimentación en el trabajo en las redes.
– Promover la cooperación internacional en estas áreas.

Son siete puntos que constituyen no sólo un excelente programa de acción gubernamental, sino, también, un verdadero test para comprobar hasta qué punto las administraciones públicas se toman en serio la emergencia de un sector que invade todas las esferas de la vida, desde la economía y la industria, hasta la cultura, la educación, el conocimiento, la política o el ocio. Un programa, en suma, al que si le concediéramos una puntuación al cumplimiento de cada uno de sus apartados, podríamos incluso obtener un índice sobre la postura oficial ante la Sociedad de la Información de cada país. Sobre todo si le añadimos algunos aspectos sobre los que informe hace un especial hincapié, como el papel de las infoestructuras y las aplicaciones en red en el campo de la educación, tanto para ampliar el horizonte del conocimiento a lo largo y ancho de todo el proceso de la enseñanza, como desde el de la creación de puestos de trabajo al mejorar la preparación y las perspectivas de los trabajadores.

Si bien es cierto que algunos países europeos ya están montando los primeros cimientos de la sociedad de la información desarrollando políticas de este tipo, como es el caso de los países escandinavos, y en especial Dinamarca con su proyecto Dinamarca Sociedad de la Información 2000, resulta curioso, cuando menos, que cada vez que algunos de nuestros estadistas abre la boca para referirse a Internet, su mensaje suele estar más próximo al de una víctima reciente de un asalto callejero que al de un político preocupado por el presente y futuro de su país y su población.

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